El informe económico anual del Banco de Pagos Internacionales no se lee por placer. Se lee para entender hacia dónde sopla el viento en la regulación global. El domingo 28 de junio, el BIS —organización que coordina 63 bancos centrales— publicó su informe 2026 en su asamblea general en Basilea. Una conclusión clave: las stablecoins no son dinero.
El argumento se basa en cuatro criterios. Unidad: una unidad monetaria debe ser igual a otra en cualquier lugar y momento. Elasticidad: la masa monetaria debe expandirse o contraerse según la demanda sin provocar crisis. Operabilidad: el dinero debe funcionar sin fricciones en todos los contextos transaccionales. Integridad: el sistema debe estar protegido contra abusos. Según el BIS, las stablecoins no superaron ninguna de estas pruebas. Los autores fueron contundentes: los dólares digitales se parecen más a "acciones de fondos cotizados que a un medio de pago".
El mercado en cuestión ya no es pequeño. A finales de mayo, la capitalización de stablecoins era de unos $320 mil millones, con más del 99% en dólares —principalmente USDT y USDC. La semana pasada USDT superó por primera vez a Ethereum en capitalización de mercado. El BIS prevé que el mercado crezca hasta $1–3 billones. Pero su propio modelado arroja un resultado inesperado: incluso con ese crecimiento, el efecto a medio plazo sobre el PIB es ligeramente negativo. El mayor costo del financiamiento bancario y la reducción del crédito superan cualquier beneficio.
La sección más crítica del informe se centra en mercados emergentes. El BIS introduce el concepto de “stablecoin-dolarización”: cuando la moneda nacional es inestable, la gente recurre a USDT o USDC como un instrumento de ahorro más confiable. Para el usuario es lógico. Para el banco central es un problema serio: el dinero sale del sistema nacional, la política monetaria pierde herramientas y el control de la masa monetaria pasa de facto a emisores privados estadounidenses.
Como alternativa, el BIS promueve la idea de un “registro único”: una plataforma donde las reservas tokenizadas de bancos centrales coexisten con dinero comercial tokenizado bajo anclaje estatal. Esto ya no es solo teoría: el proyecto Agora reúne a 8 bancos centrales, el propio BIS y más de 40 instituciones financieras privadas para probar pagos transfronterizos con este modelo. El objetivo es aprovechar las ventajas del blockchain sin ceder el control monetario a entidades privadas.
El informe salió en un momento incómodo para la industria. En EE. UU., el Congreso aún no ha aprobado ni el GENIUS Act ni el CLARITY Act — leyes que debían dar estatus legal a las stablecoins. En la UE acaba de vencer el plazo principal de MiCA. Tether y Circle insisten: sus productos ya funcionan de facto como dinero para cientos de millones donde no hay bancos. El argumento tiene sentido. Pero ahora los reguladores globales cuentan con la posición oficial del principal organismo bancario internacional —y en los debates legislativos esas referencias pesan.
