El 29 de junio, el Tribunal Supremo de EE.UU. votó 6 contra 3 y derribó un precedente vigente por 91 años. Los jueces dictaminaron que el presidente puede destituir a cualquier comisionado de agencias federales independientes — incluyendo SEC y CFTC — sin necesidad de justificación. El presidente del tribunal, John Roberts, escribió en la decisión: «El presidente puede despedir a sus subordinados a voluntad».
El caso se llama Trump v. Slaughter. En marzo de 2025, Trump destituyó a dos comisionados demócratas de la Comisión Federal de Comercio — Rebecca Slaughter y Alvaro Bedoya — sin explicación. Ambos demandaron, basándose en la ley derivada del caso Humphrey's Executor v. United States de 1935. Ese precedente protegió por nueve décadas a los comisionados de reguladores independientes contra despidos arbitrarios presidenciales. El tribunal anuló tanto la ley como el precedente. Paralelamente, en Trump v. Cook, con voto 5-4, mantuvo la protección solo para los gobernadores de la Reserva Federal — la única excepción.
Para el mercado cripto, esto no es una victoria legal abstracta. SEC está ahora compuesto por tres republicanos — sin demócratas. CFTC opera con un único presidente republicano. Trump calificó la decisión como «la mayor expansión del poder presidencial en cien años». Teóricamente, puede destituir a cualquier comisionado incómodo al día siguiente, cerrar casos prolongados contra desarrolladores cripto o cambiar la agenda regulatoria sin esperar rotaciones naturales.
La decisión afecta especialmente la ley CLARITY, que busca finalmente legalizar la mayoría de operaciones cripto en EE.UU., delimitando claramente las competencias de SEC y CFTC. Los demócratas en el Senado insistían durante años: apoyarán la ley solo si Trump nombra comisionados demócratas en ambas agencias. Esa condición ya no funciona — el presidente puede nombrar y despedir a un demócrata al día siguiente sin violar ninguna norma. CLARITY debe aprobarse en el Senado antes de agosto: luego las elecciones intermedias paralizarán la agenda legislativa por meses.
La decisión es ambigua. La Casa Blanca aliada obtiene una herramienta para remover reguladores hostiles rápidamente — y ahora esto beneficia a la industria cripto. Pero la próxima administración heredará la misma herramienta y podrá usarla en sentido contrario con igual rapidez. La seguridad jurídica duradera para la industria solo llegará mediante leyes del Congreso, no por decisiones de personal de un presidente específico.
