El expediente legal de Sam Bankman-Fried tiene un documento nuevo encima, y este lleva el membrete del máximo tribunal del país. El exjefe de FTX, que lleva tres años cumpliendo una condena de 25, le pide al Tribunal Supremo de Estados Unidos que haga lo que la corte de apelaciones no quiso: revertir su caso.
Sus abogados impugnan dos cosas a la vez. Primero, la condena en sí: siete cargos, entre ellos fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero, dictados por un jurado en 2023. Su argumento es que el juez Lewis Kaplan impidió a la defensa mostrar al jurado que FTX y Alameda Research sí tenían activos suficientes para pagarles a los clientes, y que el colapso fue un problema de liquidez temporal, no un agujero real en el balance. La fiscalía, mientras tanto, pudo exponer libremente las cifras de pérdidas sin que la defensa pudiera contrarrestarlas con datos de recuperación.
La segunda parte de la petición gira en torno al dinero: los $11.020 millones que el tribunal ordenó decomisar. El equipo de Bankman-Fried sostiene que una multa de ese tamaño viola la Octava Enmienda, que prohíbe las multas excesivas. No es un argumento nuevo: un panel del Segundo Circuito rechazó una versión similar en junio, apoyándose en el fallo del Supremo del año pasado en el caso Kousisis, que estableció que una condena por fraude electrónico no exige probar que el acusado buscara dejar a las víctimas en peor situación económica.
Llegar hasta aquí no fue rápido. Kaplan negó una moción de nuevo juicio en abril, el Segundo Circuito confirmó la condena en junio, y en medio circularon versiones de una solicitud de indulto que el presidente Trump habría rechazado dos veces. Ahora queda la última puerta: al menos cuatro de los nueve jueces deben aceptar revisar el caso. El Supremo recibe miles de peticiones así cada año y admite apenas una de cada cien, así que las probabilidades son bajas, pero la sola presentación mantiene el colapso de FTX en los titulares casi tres años después de la quiebra del intercambio.
