El banco central de Brasil acaba de meterle un freno a las criptomonedas. Según la Resolución BCB N.º 584, aprobada el 6 de agosto y publicada un día después, a partir del 1 de enero de 2027 los exchanges deberán retener hasta 24 horas cualquier transferencia de criptoactivos superior a los $10.000, ya sea en una sola operación o en la suma de varias durante el mismo día, siempre que el destino sea una plataforma extranjera o una billetera de autocustodia, incluyendo stablecoins.
La lógica detrás de la medida es sencilla: los estafadores descubrieron hace tiempo que mover dinero robado a través de una stablecoin es más rápido y más difícil de rastrear que hacerlo por el sistema bancario tradicional. Para cuando la víctima se da cuenta y llama a su banco, los fondos ya suelen estar en una plataforma extranjera o en una billetera que nadie puede congelar. Esa ventana de 24 horas les da a los exchanges tiempo para revisar al destinatario, la jurisdicción y el historial del cliente, y frenar cualquier operación sospechosa. Si la revisión sale limpia, el dinero puede liberarse antes de que se cumpla el plazo.
Hay cierta ironía en todo esto: Brasil construyó su reputación gracias a Pix, el sistema de pagos instantáneos que hoy es modelo para buena parte de América Latina. Las criptomonedas, vendidas durante años como sinónimo de velocidad, van a moverse más lento que una transferencia bancaria en el mismo mercado que popularizó los pagos en tiempo real.
No todos están contentos. Regina Pedroso, presidenta de la asociación brasileña de tokenización Abtoken, advirtió que la norma va a recargar a los usuarios legítimos y a restarles competitividad a los exchanges locales frente a plataformas extranjeras que la regla no alcanza directamente. Los exchanges tienen unos cinco meses para armar la infraestructura de cumplimiento: el banco central claramente apuesta a que usen ese tiempo para reforzar los controles, no para buscarle la vuelta.
