Sesenta y un mil bitcoins incautados a una sola persona: una de las mayores confiscaciones de criptomonedas registradas. En lugar de fallar directamente sobre a quién pertenecen, un tribunal de Londres resolvió primero una cuestión más acotada pero decisiva: qué ley aplica. La respuesta fue la ley china, no la británica.
El caso arranca en 2014, cuando Zhimin Qian, apodada después "la reina cripto" por la prensa, dirigió un esquema Ponzi en China a través de una empresa llamada Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. En tres años estafó a más de 128.000 inversores con promesas de rendimientos desproporcionados. Al colapsar el esquema, convirtió el dinero en bitcoin y huyó al Reino Unido en 2017, donde vivió hasta su arresto. Un tribunal británico la condenó por lavado de dinero en noviembre de 2025.
La policía le incautó unos 61.000 BTC, hoy valorados en unos $5.000 millones (£3.800 millones). Como esos bitcoins se compraron hace años, su precio actual es unas 200 veces superior al que pagó Qian. Esa brecha es justamente el centro de la disputa: quién se queda con la enorme revalorización, las víctimas del fraude o el Estado.
El Tribunal Superior no decidió la propiedad final. Resolvió algo más puntual pero con grandes consecuencias: como el fraude y las pérdidas ocurrieron en China, las reclamaciones de las víctimas se evaluarán según la ley china. Para los aproximadamente 16.000 afectados chinos que se registraron en el proceso británico, eso probablemente significa recuperar solo su inversión original más intereses, sin participar del valor actual del bitcoin.
El efecto práctico juega a favor del gobierno británico: cuanto menos se les deba a las víctimas, más margen tienen las autoridades del Reino Unido para quedarse con la mayor parte mediante un proceso de recuperación civil. Los abogados de las víctimas, incluido el bufete Fieldfisher, ya preparan una apelación sobre la ley aplicable, que se espera se escuche en 2027, así que el caso sigue abierto.
Lo relevante de este fallo va más allá de la cifra: marca un precedente sobre quién se queda con las ganancias cuando los gobiernos conservan criptomonedas incautadas durante años mientras avanzan los procesos judiciales.
