Cuatro años, más de 400.000 cuentas y la promesa de un 15% semanal: así describe la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) la operación que, según su demanda, funcionaba bajo el nombre Cash FX Group. El viernes, el regulador presentó una demanda civil en un tribunal federal de Florida contra la compañía, su fundador Huascar Jose Lopez Castillo, la firma de marketing asociada The Conversion Pros y su director Ronald Pope, además de un tercer acusado, Justin Halladay.
Según la CFTC, Cash FX operó como una estructura de marketing multinivel entre junio de 2019 y diciembre de 2023, captando más de 950 millones de dólares de participantes en todo el mundo. A los nuevos reclutas se les decía que su dinero estaba en manos de "traders expertos" y algoritmos propietarios, y más adelante, de un sistema de inteligencia artificial que supuestamente generaba un 10% semanal. Pope, por su parte, prometía rendimientos aún mayores: hasta un 15%.
El problema, según la denuncia, es que ese sistema de IA nunca existió realmente. La CFTC cita una transmisión en vivo de noviembre de 2021 en la que la propia directora de marketing de Cash FX admitió que la IA prometida "todavía no se había lanzado". Los reguladores afirman que apenas hubo operaciones reales detrás del esquema: los nuevos depósitos simplemente se usaban para pagar a los inversores anteriores, la mecánica clásica de un Ponzi, mientras parte del dinero habría sido desviado para uso personal.
La conexión con las criptomonedas no está en el producto en sí —Cash FX vendía contratos de forex, no tokens— sino en cómo se movía el dinero. Los investigadores señalan que parte de los pagos pasaban por billeteras cripto, lo que permitía transferir fondos entre países fuera del sistema bancario tradicional. Eso complicó la investigación: hubo que rastrear transacciones entre billeteras, exchanges y los puntos donde la cripto se convertía en efectivo.
Las pérdidas confirmadas de los inversores ascienden a al menos 406 millones de dólares. La CFTC pide al tribunal restitución, la confiscación de las ganancias, sanciones civiles y una prohibición permanente para que los acusados operen o se registren en el sector. Ninguno ha respondido aún ante la justicia y las acusaciones siguen sin probarse. No es el primer caso de este tipo para el regulador este año: en julio demandó a Argent Capital Management y a Trevor Vernon por un fraude similar, aunque mucho menor, de 14 millones de dólares.
Lo llamativo es para qué servía realmente la "IA" en este discurso: no para operar, sino para cerrar la venta. En un esquema que se sostenía por el reclutamiento y no por los resultados, la promesa de un sistema inteligente era solo una palabra que los inversores no estaban en condiciones de verificar.
