La mayor casa de cambio cripto de Filipinas pasó esta semana a una especie de limbo regulatorio. El banco central del país, el Bangko Sentral ng Pilipinas, restringió las transferencias entrantes a través de DCPay, la billetera electrónica que sostiene toda la operación en pesos de Coins.ph. A diferencia de una suspensión técnica habitual, el regulador no explicó el motivo ni fijó un plazo para levantarla.
Detrás de la medida hay algo más serio que un simple fallo de pagos. Según fuentes cercanas al caso, el BSP investiga si dinero de operadores de apuestas offshore prohibidos —los llamados POGO, ilegalizados en Filipinas en 2024 tras escándalos de fraude y trabajo forzado en centros de llamadas de juego— circuló por las billeteras de Coins.ph. Para una casa de cambio con más de 18 millones de usuarios registrados y entre el 75% y el 80% de la liquidez peso-stablecoin del país, esto no es una auditoría de rutina: es una amenaza directa al negocio.
Las cifras explican por qué importa tanto. Los filipinos que trabajan en el extranjero envían a casa unos 43.000 millones de dólares al año, y plataformas como Coins.ph se han convertido en una alternativa más barata y rápida que las transferencias bancarias. Ya en agosto de 2025, el BSP había exigido a las apps de pago eliminar en 48 horas cualquier enlace a apuestas, y Coins.ph aseguró haber cumplido. Las restricciones actuales parecen una comprobación de si aquel cumplimiento fue real.
La empresa niega haber servido conscientemente a operadores de apuestas y afirma que el trading de criptomonedas, las transferencias salientes, el pago de facturas y los pagos QRPH siguen funcionando con normalidad, con los fondos de los clientes protegidos bajo las reglas de reserva del BSP. Pero el contexto no juega a su favor: en 2026 renunciaron tres responsables de cumplimiento y prevención de lavado de dinero, incluida la directora de cumplimiento. No se dio una razón oficial ni se confirmó relación con la investigación, pero el momento resulta llamativo.
Si el BSP termina revocando la licencia, los primeros afectados no serán especuladores, sino usuarios comunes que convierten remesas en pesos o dólares a través de stablecoins porque sale más barato que un banco. Por ahora, lo único seguro es que el acceso a la billetera está restringido y que, por primera vez, el regulador no dice cuándo terminará.
