El domingo, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que el mercado cripto llevaba esperando desde que estalló la polémica del propio token de Donald Trump. A partir de ahora, ningún funcionario público de California —desde un concejal municipal hasta un legislador estatal— puede lanzar una memecoin personal. Tampoco se permite a las empresas listar tokens que exploten el nombre o la imagen de un funcionario en ejercicio.
La ley AB 2409 fue presentada en febrero por el asambleísta Avelino Valencia, pero cobró urgencia real por el caso $TRUMP: según algunas estimaciones, cerca de 988.000 inversores minoristas perdieron unos 3.800 millones de dólares con ese token, cuyo precio se disparaba con cada anuncio y luego se desplomaba tras ventas de los insiders. Probablemente por eso la oficina del gobernador calificó sin rodeos la nueva ley como "lo opuesto a lo que hizo Trump".
La votación resultó sorprendentemente unánime para un clima político tan polarizado: 40 a 0 en el Senado estatal y 78 a 0 en la Asamblea. Márgenes así son raros incluso en temas que no son formalmente partidistas.
La ley no prohíbe las memecoins como clase de activo: Dogecoin y tokens similares sin vínculo con un funcionario concreto quedan al margen. El objetivo es el enriquecimiento personal desde el cargo público: un legislador no puede lanzar una moneda con su propio rostro y sacar provecho del revuelo en torno a su nombre. A partir del 1 de enero de 2027, las plataformas cripto tampoco podrán ofrecer a los residentes de California nuevas memecoins emitidas en asociación con un funcionario federal, estatal o local.
La aplicación es civil, no penal: el fiscal general del estado puede demandar para recuperar las ganancias e imponer sanciones, y los fiscales de distrito locales pueden sumarse. Los autores del proyecto citan conflictos de interés, dinámicas de "pago por acceso" y el riesgo de que actores extranjeros compren influencia mediante compras cripto anónimas ligadas a políticos.
Una iniciativa similar a nivel federal, impulsada por la senadora Kirsten Gillibrand, sigue estancada en el Congreso desde el verano, mientras California se convirtió en el primer estado en convertir la idea en ley real. La pregunta abierta es si otros estados seguirán el ejemplo o si esto seguirá siendo un mosaico de soluciones locales mientras Washington sigue discutiendo unas reglas cripto a nivel nacional.
