El bitcoin lleva cinco años prohibido en China: comprar, vender y minar está vetado desde 2021. Pero Pekín no ha renunciado a la tecnología que lo sostiene; simplemente quiere ponerla al servicio del Estado. El 9 de octubre, el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado publicaron a través de Xinhua el plan económico del país para 2026-2030, y entre sus líneas aparece una orden explícita: construir una red blockchain nacional.
El documento recoge 19 medidas. Junto a la red blockchain figura una red de cómputo unificada que busca enlazar la capacidad de todo el país bajo el principio de "datos del este, cómputo del oeste", trasladando la carga de procesamiento desde las zonas costeras saturadas hacia regiones interiores con capacidad más barata. Varias cláusulas abordan los derechos sobre los datos: Pekín quiere aclarar a quién pertenece la información, permitir que se negocie como un activo y poner en marcha proyectos piloto de intercambio transfronterizo.
El bitcoin y el resto de criptomonedas no aparecen por ninguna parte en el texto, y no es casualidad. La prohibición de comerciar y minar sigue intacta. La nueva red se construye para otra cosa: rastrear cadenas de suministro, verificar créditos de carbono, almacenar registros gubernamentales y ejecutar contratos inteligentes judiciales. El blockchain, aquí, es una herramienta de control y contabilidad, no un terreno para la especulación.
Mientras tanto, otra pieza de la infraestructura digital china sigue creciendo: a mediados de agosto ya eran 30 los bancos autorizados a operar con el yuan digital, ocho de ellos incorporados recientemente. Sumado al plan blockchain, el panorama que se dibuja es el de un Estado construyendo su propia economía digital, completamente bajo su control y alejada de las redes abiertas y descentralizadas de las que depende el resto del mercado cripto.
La fricción externa también está servida: el Departamento de Justicia de EE. UU. ha clasificado a China como "país de preocupación" en materia de seguridad de datos, lo que puede complicar los flujos transfronterizos con empresas estadounidenses. El propio plan advierte a los funcionarios de no inflar burbujas económicas, una cautela que suena a respuesta directa a los excesos digitales del pasado.
