El Salvador compró más bitcoin del que su acuerdo con el FMI permitía, y aun así cobró. El 1 de octubre, el Fondo cerró la segunda y tercera revisión de su programa de financiamiento ampliado por $1.400 millones y liberó DEG 101,96 millones, unos $138 millones. El país había incumplido técnicamente una de las condiciones centrales: el tope a la acumulación estatal de bitcoin. En lugar de congelar el desembolso, el directorio del FMI decidió perdonar el incumplimiento.
La explicación de San Salvador es sencilla: las monedas nuevas no salieron del Tesoro, llegaron como donaciones privadas. El Fondo aceptó esa versión, aunque antes había señalado confusión entre lo que reportaba el gobierno y lo que mostraba la cadena de bloques. Como garantía adicional, Chivo —la billetera estatal de bitcoin— cedió el control mayoritario y la gestión diaria a un operador privado, dejando al Estado como socio minoritario.
Para el FMI es un momento incómodo. Durante años exigió a los países mantenerse lejos de las criptomonedas, y fue justamente su presión la que en 2025 llevó a El Salvador a quitarle al bitcoin su estatus de moneda de curso legal obligatorio, el precio de desbloquear ese mismo préstamo de $1.400 millones. Ahora, en vez de un no rotundo, el Fondo tolera por primera vez en su historia que un gobierno soberano conserve bitcoin, calificándolo de riesgo manejable y no de motivo para romper el acuerdo.
El subdirector gerente Dan Katz dejó claro que la paciencia tiene límites: la exposición estatal restante debe "desmontarse por completo" y la supervisión debe reforzarse. Por ahora, el argumento de las donaciones privadas funciona como un resquicio que le permite al presidente Nayib Bukele seguir sumando bitcoin sin romper técnicamente la letra del acuerdo. La economía, mientras tanto, luce más sólida: el FMI elevó su previsión de crecimiento para 2026 a 4,5% desde 3,9%, con reservas que subirían a $5.350 millones.
Es la primera vez que el FMI mira hacia otro lado ante la acumulación cripto de un Estado. El precedente es frágil: si el resquicio de las "donaciones" funciona una vez, puede volver a usarse, lo que significa que cualquier cláusula cripto futura en un acuerdo del FMI valdrá exactamente lo que el deudor logre argumentar.
