La Duma Estatal de Rusia aprobó, en segunda y tercera lectura, la primera ley integral del país sobre criptomonedas, titulada oficialmente "Sobre la Moneda Digital y los Derechos Digitales". Todavía debe pasar por el Consejo de la Federación y la firma de Vladímir Putin, pero con 327 de 340 diputados a favor en la primera lectura, ese trámite se espera en apenas dos semanas.
El núcleo de la norma es sencillo y, a la vez, incómodo para el régimen de sanciones occidental: los residentes rusos podrán liquidar contratos de comercio exterior en criptomonedas con socios extranjeros, incluidas monedas obtenidas por minería. Puertas adentro no cambia nada: el rublo sigue siendo la única moneda de curso legal para bienes y servicios, y los bancos no pueden anunciar pagos en cripto.
En la práctica, Moscú legaliza lo que ya hacía en silencio desde hace años. Tras la desconexión de los bancos rusos de SWIFT en 2022, la cripto se convirtió en uno de los pocos canales para el comercio exterior, a través de plataformas como Garantex —cerrada por la justicia estadounidense en marzo de 2025— y la stablecoin A7A5, vinculada al rublo, por la que analistas calculan que circularon decenas de miles de millones de dólares en flujos ligados a sanciones. La ironía: en enero de 2022, semanas antes de la invasión de Ucrania, el propio banco central ruso proponía prohibir la cripto por completo.
La nueva ley traslada ese mecanismo de la zona gris a la supervisión del banco central. Desde el 1 de septiembre de 2026, cinco categorías de operadores —bolsas, corredores, gestoras, depositarios y casas de cambio— deberán obtener licencia, mantener un capital mínimo de 15 millones de rublos (unos 190.000 dólares) y afiliarse a un organismo autorregulado. Las plataformas ya existentes tienen un período de gracia hasta mediados de 2027.
Los inversores minoristas sin estatus de "cualificados" podrán comprar cripto a través de intermediarios licenciados hasta 300.000 rublos (unos 3.800 dólares) al año, con transferencias al extranjero limitadas a 100.000 rublos; los cualificados tienen topes mucho más altos, pero todos deberán aprobar antes un test de comprensión de riesgos. Las transferencias internacionales grandes quedan retenidas 48 horas para revisión. Solo podrán cotizar en plataformas autorizadas las monedas que superen umbrales estrictos de tamaño —capitalización media superior a 5 billones de rublos y volumen diario superior a 1 billón durante dos años—, lo que hoy apunta a Bitcoin, Ethereum y quizá Solana; las monedas de privacidad quedan prohibidas.
Si esto realmente ayuda a Rusia a esquivar sanciones es otra cuestión. La Unión Europea ya lanzó en abril de 2026 un paquete de sanciones específico contra la infraestructura cripto rusa, y formalizar estos canales los hace más fáciles de rastrear, no más difíciles: una bolsa con licencia estatal deja un rastro documental mucho más claro que una mesa OTC anónima, justo el tipo de exposición que las contrapartes extranjeras suelen evitar.
