Hace seis semanas, el Senado enterró la CLARITY Act, la ley que debía poner orden en el mercado cripto de Estados Unidos. El Congreso se estancó. Los reguladores decidieron no esperar.
El 1 de octubre, la SEC presentó una propuesta sobre cómo los asesores de inversión y los fondos regulados pueden custodiar criptoactivos de sus clientes. Las reglas vigentes, escritas en los años 40 para acciones y bonos, nunca contemplaron el bitcoin: los asesores debían, en teoría, depositar los activos en un "custodio calificado", casi siempre un banco o una correduría, y la mayoría de estos sigue sin aceptar cripto.
La nueva propuesta ofrece dos caminos. Uno: compañías fiduciarias registradas en los estados, siempre que el fondo verifique su autorización y sus medidas escritas contra robo, pérdida y mal uso, con revisión anual. Dos: autocustodia limitada por parte del propio asesor, solo cuando no exista un custodio adecuado disponible, revisada cada trimestre y no aprobada una sola vez para siempre.
El presidente de la SEC, Paul Atkins, lo explicó sin rodeos: el bitcoin pasó de ser una curiosidad marginal a una clase de activos de varios billones de dólares, y las normas se quedaron atrás. La comisionada Hester Peirce añadió el matiz menos citado: la autocustodia no es para todos, pero muchos tenedores de cripto valoran controlar sus propias claves.
Los comentarios públicos estarán abiertos 60 días tras la publicación en el Registro Federal. La propuesta no fija un estándar de seguridad uniforme para las compañías fiduciarias estatales, algo que queda en manos de cada estado — y que probablemente será motivo de disputa entre custodios en el futuro.
