Durante un par de años, un regulador bancario estadounidense poco conocido ha estado abriendo una puerta trasera hacia el sistema financiero para empresas de criptomonedas. La paciencia de la banca tradicional se acabó.
El 2 de octubre, Independent Community Bankers of America, que representa a miles de bancos pequeños y medianos de EE. UU., demandó a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) ante un tribunal federal de Washington D.C. Su argumento: la OCC se excedió en la autoridad que el Congreso le otorgó bajo la Ley Nacional de Bancos al conceder a firmas cripto las llamadas "limited purpose national trust charters", licencias fiduciarias nacionales de propósito limitado.
Sobre el papel es una licencia bancaria. En la práctica, es un atajo. Las empresas que la obtienen llevan la etiqueta federal de "banco" sin necesitar el seguro de depósitos de la FDIC, sin las obligaciones de crédito comunitario de la Community Reinvestment Act, sin supervisión consolidada y sin los colchones de capital y liquidez que sí exigen a los bancos normales.
"El Congreso no creó el trust charter nacional como una puerta trasera al sistema bancario para empresas cripto", declaró la presidenta de ICBA, Rebeca Romero Rainey. El grupo también sostiene que la OCC ignoró los comentarios públicos recibidos durante el proceso regulatorio.
No es el primer choque entre bancos y cripto este año: ahí está la pelea pública de Jamie Dimon con Coinbase por la CLARITY Act. Pero esta demanda apunta más al centro del problema: si el juez falla a favor de ICBA, quedarían en entredicho tanto los chárteres ya concedidos como la vía que usan las firmas cripto para integrarse al sistema bancario estadounidense. La resolución tardará meses, pero ambas partes tienen mucho en juego.
