En febrero de 2025, un tuit de Javier Milei disparó la capitalización del token LIBRA hasta los 4.500 millones de dólares, y horas después el 95% de ese valor se había evaporado. Año y medio de investigación terminó el viernes, cuando el juez federal argentino Marcelo Martínez de Giorgi desestimó la causa penal contra el presidente, su hermana Karina y otras nueve personas.
En un fallo de 60 páginas, el juez concluyó que no hubo "engaño con relevancia penal". Que la presidencia promocionara un token desde sus propias redes sociales, escribió, no convierte eso automáticamente en una maniobra fraudulenta: las subas y bajas violentas de precio, a su juicio, son el comportamiento normal de un memecoin. Ninguno de los once imputados declaró formalmente. Los investigadores hallaron en el celular de un coimputado una nota sobre 5 millones de dólares, pero no pudieron probar que ese dinero se transfiriera, y los mensajes borrados y los registros de llamadas quedaron fuera de alcance.
El escándalo fue explosivo desde el primer día. Tras el posteo de Milei del 14 de febrero de 2025, las billeteras del proyecto retiraron 107 millones de dólares en pocas horas, mientras el token todavía cotizaba cerca de su máximo. Para los inversores que entraron atraídos por el respaldo presidencial, fue un libro de texto sobre un "rug pull" — salvo que quien promocionaba era el jefe de Estado.
Milei calificó el fallo como la prueba de que todo fue persecución política. El diputado opositor Maximiliano Ferraro lo llamó "una operación judicial planificada de impunidad y encubrimiento". Cinco inversores que habían sido excluidos de la causa ahora piden a la Cámara Federal de Casación Penal ser reincorporados — la única vía que les queda para apelar.
Detrás del lenguaje jurídico hay una pregunta más simple: qué pasa cuando un presidente en funciones promociona un activo que se derrumba en cuestión de horas. La respuesta de Argentina, por ahora, es nada — mientras no haya pruebas directas de connivencia. Es un precedente incómodo para otros países: el respaldo público de un presidente a un token no basta, por sí solo, para generar responsabilidad penal, aunque los inversores pierdan cientos de millones.
