Normalmente es la parte que pierde la que lucha por anular un fallo judicial. Aquí fue al revés: la CFTC y Gemini pidieron juntas a un juez que anulara un acuerdo que ellas mismas habían firmado. Y el juez dijo que no.
El caso se remonta a 2022, cuando el regulador de materias primas acusó a Gemini de dar declaraciones falsas o engañosas al personal de la agencia durante la revisión de un contrato de futuros de bitcoin. Terminó en enero de 2025 con una orden de consentimiento: Gemini pagó una multa civil de 5 millones de dólares y aceptó una orden judicial permanente para no repetir esa conducta.
Ahí debería haber acabado todo. Pero en mayo de 2026, con nueva dirección y una postura más amable de la administración hacia las criptomonedas, la CFTC hizo una revisión interna y concluyó que el caso nunca debió presentarse, citando dudas sobre la credibilidad del denunciante, vacíos probatorios y fallas en sus propias prácticas de aplicación. Gemini y el regulador presentaron entonces una moción conjunta para anular todo el acuerdo.
El juez Alvin Hellerstein, en Nueva York, no se dejó convencer. Señaló que Gemini litigó contra la CFTC durante más de tres años antes de llegar a un acuerdo voluntario, siendo plenamente consciente de las debilidades del caso en ese momento. Que un regulador cambie de opinión sobre un caso que ya ganó, razonó, no es motivo para reescribir la historia: eso exige el tipo de justificación que pide la Regla Federal 60, y ninguna de las partes la presentó.
Así que la multa de 5 millones de dólares y la orden judicial siguen en pie. El fallo deja claro que ni siquiera un regulador dispuesto a aflojar la mano con una empresa puede simplemente pactar borrar el pasado: un tribunal trata una orden de consentimiento como asunto propio, no como un sello que cualquiera de las partes puede retirar a voluntad.
