El Senado de EE.UU. por fin tiene el texto final de su ley de estructura del mercado cripto, y llegar hasta aquí le costó una concesión personal a Donald Trump. El 14 de septiembre, los senadores republicanos Cynthia Lummis, John Boozman y Tim Scott presentaron la versión definitiva de la Digital Asset Market Clarity Act, incorporando 126 cambios pedidos por los demócratas. La votación de cierre de debate está fijada para el martes 15 de septiembre y necesita 60 votos; los republicanos solo tienen 53 escaños.
Lo más llamativo es lo que cedió el propio presidente. Según un asesor republicano de alto nivel, Trump aceptó cerca del 80% de la propuesta ética impulsada por los senadores Tillis y Gallego. Con el nuevo texto, el presidente, el vicepresidente, los miembros del Congreso, los jueces federales y sus cónyuges deberán desprenderse de participaciones "sustanciales" en criptoactivos antes de que la ley entre en vigor, o colocarlas en un fideicomiso ciego calificado. Los funcionarios tienen tres días para notificar a su oficina de ética, que a su vez cuenta con tres días más para hacerlo público. Los hijos de los funcionarios quedan fuera del alcance de la norma, un vacío que ya señalan los críticos.
Lo verdaderamente nuevo es la vigilancia: los fiscales generales estatales ahora pueden demandar por violaciones éticas, algo que ningún borrador anterior permitía. Lummis lo calificó como "algunas de las restricciones éticas más duras en la historia de Estados Unidos", aceptadas voluntariamente por Trump. El contexto importa: según sus propias declaraciones, los ingresos cripto del presidente superaron los 1.400 millones de dólares en 2025.
Los demócratas también lograron avances en materia de stablecoins: el Tesoro obtiene una ventana de 18 meses para restringir las recompensas de stablecoins si los bancos comunitarios empiezan a perder depósitos, una cláusula por la que el lobby bancario presionó todo el verano. En Polymarket, las probabilidades de aprobación subieron del 22% al 32% justo después de conocerse el texto: los operadores interpretaron las concesiones como algo real, no cosmético.
Que la ley avance el martes sigue sin estar garantizado: 60 votos con una mayoría de 53 escaños implica que al menos siete demócratas deben sumarse. Pero que la administración acepte someter los activos personales del presidente a supervisión pública ya es, de por sí, poco habitual.
