Un texto de 630 páginas y ni un solo demócrata firmando debajo. Así llegaron los republicanos del Senado el 10 de septiembre, cuando presentaron la versión revisada de la CLARITY Act —la ley que debe fijar las reglas del mercado cripto en Estados Unidos— y convocaron la primera votación procesal para el 15 de septiembre.
La senadora Cynthia Lummis lleva más de un año reescribiendo el documento: un intento se estancó en julio, otro en agosto, y ahora el Capitolio por fin tiene una fecha en el calendario: las 14:15 del 15 de septiembre, una votación de cloture.
Qué cambió realmente el texto
El ajuste más notable afecta a las DeFi. Antes, la ley dejaba prácticamente intactos a los protocolos que se llaman a sí mismos descentralizados pero que, en la práctica, controla un equipo identificable. Ahora, si una persona o un grupo puede "controlar o alterar sustancialmente" el funcionamiento de un protocolo, esa plataforma deberá registrarse ante la CFTC, bajo reglas que la comisión y el Tesoro todavía tienen que redactar. Los exchanges genuinamente descentralizados, sin ese control, quedan fuera del requisito.
Otro cambio llegó por presión de los gobiernos tribales, preocupados de que la ley terminara alcanzando por error a mercados de predicción como Kalshi y Polymarket. Las disposiciones sobre DeFi ahora se limitan a "transacciones spot y en efectivo con materias primas digitales" —los mercados de predicción quedan fuera de esa categoría—. El texto también precisa cómo pueden operar con cripto las cooperativas de crédito.
Las cuentas todavía no cierran
Los republicanos tienen 53 escaños en el Senado; el cloture exige 60. Ni siquiera un bloque republicano unido está garantizado: Rand Paul y Josh Hawley ya insinuaron que podrían votar en contra, y Thom Tillis podría sumarse, así que hacen falta entre siete y diez demócratas. En el comité, solo dos cruzaron de bando. Lummis asegura haber incorporado 114 peticiones distintas de sus colegas demócratas y llama al resultado "un producto bipartidista sólido", pero según Politico ningún demócrata ha respaldado todavía el nuevo texto.
El principal obstáculo sigue intacto: la cláusula de ética que permite al Departamento de Justicia perseguir a funcionarios por conflictos de interés en cripto vence en enero de 2029. Los demócratas quieren endurecerla y hacerla permanente, y además exigen claridad sobre qué pasará con las tenencias cripto del propio Trump —su participación en World Liberty Financial y el memecoin TRUMP, valoradas en cientos de millones de dólares—. Nada de eso quedó resuelto en este borrador.
Lo que está en juego es sencillo de entender: la propia Lummis advirtió el 6 de septiembre que, si la ley fracasa en este Congreso, la próxima oportunidad real para una legislación de estructura del mercado cripto no llegará antes de 2030. Una industria que lleva años pidiéndole a Washington que aclare quién regula los tokens —la SEC o la CFTC— tiene ahora menos de una semana para saber si por fin obtendrá esa respuesta.
