Durante años, Texas fue el estado donde levantar un centro de datos costaba menos papeleo que poner un letrero en la puerta. Eso terminó el lunes: el gobernador Greg Abbott ordenó que todo proyecto nuevo pase una auditoría de la Comisión de Servicios Públicos (PUCT) y del operador de la red, ERCOT, antes de conectarse.
Las cifras explican la urgencia. La cola de solicitudes de conexión de ERCOT llegó a 474 gigavatios, y cerca del 90% corresponde a centros de datos, más de cinco veces toda la demanda pico de la red texana. Y no creció poco a poco: se duplicó en menos de seis meses, de 233 gigavatios en enero a 474 en agosto.
Abbott probó primero la vía suave, con una encuesta voluntaria para las empresas. Casi nadie respondió. Por eso la revisión ahora es obligatoria: PUCT y ERCOT deberán reunir datos sobre el consumo de electricidad y agua de cada proyecto, el control de ruido y contaminación lumínica, los incentivos fiscales recibidos y quién es realmente el dueño. Los proyectos que no pasen la «verificación integral» simplemente no se conectarán a la red.
Nadie ha fijado una fecha para reanudar las aprobaciones. La pausa no solo afecta a campus de IA del tamaño de Google o Microsoft: las granjas de minería de criptomonedas están en la misma cola, y los vecinos ya las culpan de encarecer la factura eléctrica. Para un estado que compitió durante dos décadas con regulación mínima y permisos rápidos, es un giro de 180 grados, y una señal para cualquier región que quiera montarse al boom de los centros de datos sin que la red, o los votantes, le pasen factura.
