Bybit decidió responder al mayor robo de criptomonedas de la historia con algo poco habitual entre exchanges: una demanda. La compañía presentó una demanda civil ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia contra Corea del Norte, su agencia de inteligencia RGB y el grupo Lazarus, señalado como responsable del robo de unos $1.500 millones en ether y ETH en staking sustraídos de Bybit en febrero de 2025.
Junto con la demanda, un juez federal concedió una medida cautelar que ordena a quienes posean los activos robados identificados —por ahora demandados anónimos, catalogados como "John Doe"— no mover ni vender esos fondos mientras dure el proceso. Pyongyang, evidentemente, no comparecerá ante el tribunal, y ninguna sentencia estadounidense obligará a Corea del Norte a pagar directamente. Pero ese no es realmente el objetivo: la orden le da a Bybit una herramienta legal contra cualquier exchange, custodio o mesa de operaciones OTC que eventualmente reciba esas monedas marcadas.
Así suele funcionar la recuperación de fondos tras un robo de este tipo: los tokens robados se fragmentan en miles de transacciones, pasan por mixers y puentes entre blockchains, y tarde o temprano terminan en una plataforma que debe rendir cuentas ante la justicia estadounidense. La orden de congelación despoja a esas monedas de cualquier apariencia de "limpieza": quien las acepte se arriesga a violar un mandato judicial federal.
El CEO de Bybit, Ben Zhou, calificó el ataque como algo que "no fue solo un ataque contra Bybit, sino contra la confianza en toda la industria". Corea del Norte habría robado cerca de $2.000 millones en criptomonedas solo en 2025, y más de $6.700 millones a lo largo de los años. La demanda civil avanza en paralelo a las investigaciones penales del FBI y a las sanciones ya impuestas, sumando una vía legal más.
