En marzo de 2026, el primer ministro Keir Starmer impuso una prohibición temporal a las donaciones en criptomonedas a partidos políticos tras un escándalo que sacudió la política británica. El empresario cripto Christopher Harborne transfirió 6,7 millones de dólares al partido Reform UK de Nigel Farage. Cuando la cifra se hizo pública, Farage dimitió. Entre sus financiadores también apareció George Cottrell, un ex convicto por fraude.
Ahora los laboristas quieren que esa prohibición sea permanente. Liam Byrne, presidente de la comisión parlamentaria de empresas y comercio, lidera un grupo transversal anticorrupción. El 9 de julio, su enmienda a la Ley de Representación del Pueblo ya contaba con más de 20 firmas. El texto llega al Parlamento el 14 de julio.
La propuesta va más allá del ban cripto. Plantea también reducir los límites de gasto en campañas nacionales, endurecer los requisitos de transparencia para partidos recién creados y reforzar los controles sobre donaciones con posible vinculación extranjera. El caso Farage se convirtió en palanca para una reforma electoral más profunda.
El contraste con Estados Unidos es llamativo: los crypto PACs invirtieron allí legalmente cientos de millones en las elecciones de 2024. Si el Parlamento británico aprueba la enmienda, el Reino Unido se convertiría en una de las primeras grandes democracias que excluye formalmente las criptomonedas del financiamiento político.
La transparencia de la cadena de bloques explica parte del problema: las transacciones son públicas, las cantidades difíciles de ocultar y los flujos de tokens resultan mucho más rastreables que el efectivo. Esa visibilidad convierte a las donaciones cripto en un objetivo político natural.
