El 7 de julio, Eli Ben-Sasson, CEO y cofundador de StarkWare, encendió el debate en la comunidad cripto con una propuesta que pocos esperaban: eliminar el límite fijo de 21 millones de bitcoin y reemplazarlo por una tasa de emisión anual del 4%.
Su argumento parte de los datos. De los 21 millones de BTC posibles, ya se han minado 20,05 millones. Según Ledger y River Financial, entre 3 y 4 millones están irremediablemente perdidos: dueños fallecidos, carteras destruidas, claves olvidadas. Con el tiempo, el tope de 21 millones podría convertirse en una cifra vacía: los bitcoins existirían en el registro, pero nadie podría usarlos.
La tasa del 4% está vinculada al crecimiento demográfico mundial y busca mantener el suministro circulante estable. Además, resolvería un problema pendiente: tras 2140, cuando desaparezcan las recompensas por bloque, la red dependerá exclusivamente de las comisiones de transacción para financiar su seguridad.
La reacción fue inmediata y dura. Para los maximalistas del bitcoin, el límite de 21M es un contrato social inamovible. Señalaron que las monedas perdidas comprimen la oferta sin generar presión vendedora, y que la divisibilidad hasta el satoshi hace innecesaria cualquier inflación adicional.
El fundador de Zcash, Zooko Wilcox, propuso una vía intermedia: quemar monedas y permitir su reemisión en cuatro años sin alterar el tope total. Ben-Sasson prefiere limitar el ritmo de emisión, no el volumen absoluto.
Cambiar las reglas de oferta de Bitcoin exigiría un consenso entre desarrolladores, mineros y operadores de nodos históricamente muy conservadores. La propuesta probablemente quedará como experimento teórico, pero la pregunta de fondo persiste: ¿quién pagará la seguridad de la red cuando los subsidios se agoten?
