En julio parecía que la ley cripto más importante del Congreso estadounidense por fin avanzaba. El 6 de agosto, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, confirmó lo contrario: la votación de la CLARITY Act no llegará antes del receso. El proyecto queda fuera del calendario y no se retomará hasta septiembre.
La razón oficial es de procedimiento: los demócratas se negaron a acelerar la agenda antes del receso y no quedó tiempo para incluir la ley. Pero el desacuerdo de fondo es otro. Siete senadores demócratas rechazaron el borrador republicano y exigieron endurecer cinco puntos: ética, protección al consumidor, controles antilavado, conflictos de interés e integridad de mercado. Dos de ellos, Angela Alsobrooks y Ruben Gallego, habían votado a favor del texto en comité hace apenas unos meses.
El punto de fricción es el propio Trump. Los demócratas piden límites estrictos para funcionarios en activo que posean criptomonedas, apuntando directamente a los negocios familiares del presidente en el sector. La Casa Blanca evalúa ahora una propuesta de compromiso sobre ética presentada por los senadores Thom Tillis y Gallego, aunque no está claro si convencerá a los demócratas que bloquean el avance.
La CLARITY Act busca resolver una disputa de años sobre quién regula realmente las criptomonedas en Estados Unidos: la SEC, que trata a la mayoría de los tokens como valores, o la CFTC, que los considera más bien materias primas. La Cámara de Representantes aprobó su versión en julio de 2025, por 294 votos contra 134. El Comité Bancario del Senado avanzó un texto modificado en mayo, por 15 votos contra 9. Pero en el pleno del Senado se necesitan 60 votos para romper el filibusterismo, y los republicanos no los tienen sin apoyo demócrata.
El mercado reaccionó de inmediato: XRP, considerado uno de los grandes beneficiarios si la ley avanza por su propio historial de disputas con la SEC, cayó tras conocerse la noticia. A los senadores les quedan menos de tres semanas de sesiones antes de que la campaña de las elecciones de mitad de mandato lo absorba todo, y algunos operadores ya descuentan que la ley no llegue a votarse antes de noviembre.
